La reunión de comisión para debatir el presupuesto del año entrante fue suspendido por no llegar a un acuerdo entre el gobierno y los Gobernadores de la oposición.
Por la mañana, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se reunió en la Casa Rosada con, el estratega del Gobierno Nación, Santiago Caputo y con el diputado que preside la Comisión de Presupuesto, José Luis Espert para poner en común el estado de las negociaciones con los jefes de bloque, gobernadores y líderes de la oposición. Tras ese encuentro se tomó la decisión de levantar la reunión de comisión y anunciar una conferencia de prensa para las 14 en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso.
La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados tenía planes grandiosos para esta tarde: juntar las firmas necesarias y empujar la famosa «Ley de Leyes» al recinto en un par de horas. Pero, como suele pasar, las negociaciones entre el oficialismo y sus aliados quedaron tan atascadas que hacen no facilitan un trámite fluido. La suspensión no fue casualidad, sino la consecuencia directa del ultimátum lanzado por los gobernadores: apoyo al proyecto oficialista, sí, pero con una lista de condiciones que parecen más un grito de auxilio que un pedido negociable. Entre sus exigencias están el pago de la deuda por cajas previsionales que Nación acumula con las provincias; una compensación por el olvidado Pacto Fiscal de 2017; la coparticipación de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que brillaron por su ausencia en 2024, junto con un reparto más parejo para el próximo año; y la reducción de los aportes distritales a la ARCA, porque, si según el Gobierno ya achicaron la estructura de personal para reducir el gasto, los recursos tributarios provinciales también deberían volver a la masa coparticipable. Para rematar, piden la eliminación del impuesto al combustible o, en su defecto, un reparto justo de los fondos. Alguien tenía que ponerle precio al apoyo.
