Mientras el gobierno anticipa que “se viene otro veto” si se aprueba la Ley de Financiamiento Universitario, un informe privado reveló que el ajuste en educación universitaria es igual a los fondos que el Estado pierde por los beneficios del blanqueo, Bienes Personales y otras exenciones.
Esta semana, el Senado de la Nación avanzaría finalmente en el tratamiento del proyecto de Ley de Financiamiento Universitario que, con media sanción de Diputados, busca actualizar las partidas presupuestarias cada dos meses y de acuerdo con la inflación, así como mejorar los salarios de la actividad. Mientras continúan las acciones de protesta en todo el país y el Gobierno asegura que “se viene otro veto” similar a lo ocurrido con la movilidad jubilatoria, un informe mostró que, pese a que el argumento central del Ejecutivo es evitar «que se rompa el equilibrio fiscal”, lo cierto es que el ajuste que recae sobre los fondos para la educación superior equivale a los recursos que el Ejecutivo decidió resignar para beneficiar a los sectores más ricos del país.
Sobre ello, “el esfuerzo fiscal previsto para la actualización de recursos del sistema universitario es equivalente al que se realiza para el blanqueo y beneficio de los sectores más ricos del país (0,14%) y queda por debajo del derivado del régimen de promoción industrial de Tierra del fuego (0,22%)”, detalló un informe del Centro de Estudios para la Recuperación Argentina (RA) de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
En ese sentido, destacaron que “en un contexto de restricciones presupuestarias, resulta fundamental garantizar que el desarrollo del sistema universitario no solo reciba el apoyo necesario para funcionar adecuadamente, sino que también se considere una inversión estratégica para el país, vital para la formación profesional y el progreso social”.
Fuente: El Destape