La diputada de LLA publicó chats en lo que da cuenta cómo se gestó la visita a genocidas, y difundió proyectos de ley y un decreto presidencial con los que pretendían lograr la libertad de los represores.
A través de un hilo titulado “No más impunidad” que publicó en su cuenta personal de la red social X, la diputada mendocina reveló la existencia de varios grupos conformados con la intención de presentar un proyecto de ley que beneficiara a militares condenados por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar de 1976, luego de la visita a los represores hace unos meses.
“Como dijo el presidente Javier Milei, es hora de que se sepa la verdad sobre quién autorizó y cuál era el verdadero motivo de la visita a los genocidas”, expresó Lourdes Arrieta. En el hilo de X, apuntó contra el cura Javier Ravasi, quien habría funcionado como el nexo entre los diputados libertarios, abogados y jueces.
De hecho, indicó que el sacerdote habría sido el responsable de sumarla al grupo de Whatsapp llamado “Comida informal con Padre Javier x milit”, espacio al que apuntó por ser el origen de todo el escándalo.
Una vez que mostró el mensaje de bienvenida que le habría escrito Ravasi el 23 de febrero pasado, Arrieta no solo recordó que no fue la única del bloque que participó del mismo, sino que sumó los nombres de otros legisladores a la lista. “Entré porque en ese grupo ya estaban muchos de mis colegas que hoy fingen demencia: Lemoine, Ponce, Orozco, Mayoraz, Santurio, Benedit, Ferreyra y Araujo” contó.
Proyectos para ¿liberar genocidas?
Además de los chats, Lourdes Arrieta también divulgó una serie de proyectos de ley y un decreto presidencial que tenían por finalidad otorgar la libertad de los represores.
Uno de los documentos filtrados por Arrieta esta noche es un decreto que, como tal, eventualmente debería llevar la firma del Presidente, que tiene por objetivo promover la libertad de aquellos genocidas que se encuentren detenidos habiéndose superado un plazo de 25 años desde la comisión del delito.
Por otro lado, el proyecto de ley denominado «Plazo Razonable» también argumenta en el mismo sentido que el decreto respecto al tiempo máximo de un proceso penal. Sin embargo, el plazo propuesto es de 20 años, en lugar de 25.
